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Arranca el juicio a tres acusados de descuartizar a un empresario: la deuda y los lotes que desataron la codicia
Fernando Pérez Algaba, de 41 años, conocido como «Lechuga», era empresario, trader y vendedor de autos en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Incluso intentó incursionar en el mercado de criptomonedas. Su hermano mayor, Rodolfo, 18 años mayor que él, llegó a advertirle: «Tené cuidado, no me gustan estas personas», refiriéndose a Maximiliano Pilepich (47) y Nahuel Sebastián Vargas (46), quienes junto a Matías Gil (31) serán los primeros en ser juzgados por el homicidio.
Este lunes, en los tribunales de Lomas de Zamora, comienza el juicio oral en el que un jurado popular deberá determinar la responsabilidad de Pilepich, Vargas y Gil en el crimen, así como el grado de participación y la calificación legal correspondiente. La audiencia iniciará a las 8 con la selección del jurado y, tras resolver cuestiones preliminares, podrá declarar Rodolfo Pérez Algaba.
El debate, que se prolongará hasta el 8 de julio, está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°9 de Lomas de Zamora, presidido por Juan Manuel Rial, quien será el encargado de fijar las penas de considerarlos culpables, según la decisión unánime del jurado popular compuesto por 12 civiles y seis suplentes.
La fiscal Marcela Dimundo encabezará la acusación, mientras que la representación del particular damnificado, Rodolfo Pérez Algaba, estará a cargo de los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro. Los tres imputados enfrentan cargos por homicidio triplemente agravado —alevosía, codicia y concurso premeditado de dos o más personas—, además del uso de arma de fuego.
Sin embargo, Pilepich, Vargas y Gil no son los únicos acusados por este brutal crimen. Luis Alberto Contreras (40), Horacio Mariano Córdoba (50), Fernando Gastón Martín Carrizo (36) y Flavia Lorena Bomrad (41) serán juzgados por un tribunal técnico en un juicio aún sin fecha. Blanca Gladys Cristaldo (61) está imputada por encubrimiento agravado.
Durante la instrucción, Vargas y Pilepich se acusaron mutuamente, por lo que no quedó claro quién efectuó los disparos fatales contra Pérez Algaba. Ambos, sin embargo, están imputados por el homicidio. Gil, empleado de la constructora de Pilepich, fue quien retiró documentos que reconocían deudas firmados por éste. Las antenas de telefonía celular ubicaron a Gil junto a la víctima y los otros dos imputados el día del crimen.
Los abogados defensores son Enrique Tronceda para Pilepich, Celeste Schenfeld para Vargas y Yamil Castro Bianchi para Gil.
Según la acusación, entre las 18 del 18 de julio y las 3 del 19 de julio de 2023, Pérez Algaba llegó al predio «Renacer» —un emprendimiento inmobiliario en General Rodríguez— a bordo de una camioneta Range Rover blanca. “Lechuga” había viajado exclusivamente a Buenos Aires para cobrar una deuda de 20.000 dólares que Pilepich tenía con él, producto de la venta de terrenos en el predio destinado a la construcción de un barrio privado. Esa suma formaba parte de un acuerdo mayor formalizado en una escribanía de Castelar.
La fiscalía sostiene que Pérez Algaba recibió dos disparos en la parte posterior del torso mientras cambiaba una lamparita en una oficina del predio. Los proyectiles ingresaron por la espalda desde una distancia superior a los cincuenta centímetros, causándole lesiones mortales en pulmones e hígado, que derivaron en una hemorragia aguda y su fallecimiento, según las pericias.
El móvil del homicidio, para la justicia, fue la codicia, ya que se buscaba evitar el pago de las deudas y la entrega de 17 lotes del barrio privado implicados. Tras asesinarlo, los imputados planificaron el descuartizamiento y ocultamiento del cuerpo. Los restos fueron trozados y colocados en bolsas de nylon negras, distribuidos en una valija roja, una mochila negra con inscripciones del Municipio de Lomas de Zamora y bolsas de consorcio.
Los restos fueron arrojados al Arroyo del Rey, en la zona de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora. Partes del cuerpo fueron halladas por niños que jugaban a la pelota el 23 de julio y en días posteriores en diferentes lugares, mientras se realizaban las pericias para identificarlo.
El análisis de las antenas de telefonía celular fue fundamental en la investigación, ya que ubicaron simultáneamente los teléfonos de la víctima, Pilepich y Gil cerca del puente Gnecco la noche del crimen. Además, se comprobó que Horacio Mariano Córdoba, policía de la Ciudad, facilitó a Pilepich un celular del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires para coordinar sus movimientos sin ser detectados. Cámaras de seguridad captaron el recorrido del vehículo Ford Mondeo de Córdoba junto a otros autos de los imputados hacia la zona donde fueron hallados los restos.
Aunque Pilepich y Vargas se acusaron mutuamente de haber realizado los disparos, el juez entiende que ambos actuaron como coautores del homicidio. No se planteó una acusación alternativa contra ninguno de ellos, por lo que, en el juicio por jurados, se requiere unanimidad para declararlos culpables. En caso contrario, la única opción será la absolución.
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